La estrategia de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, continúa influyendo en las políticas y propuestas de varios países de América Latina. La construcción de megacárceles, el endurecimiento de las medidas contra las organizaciones criminales y las detenciones masivas se han convertido en referentes para gobiernos y dirigentes que buscan respuestas frente a la inseguridad. Sin embargo, El Salvador ahora evalúa posibles liberaciones anticipadas de personas detenidas bajo su régimen de excepción.
Bukele anunció un plan para revisar los casos de aproximadamente 10.600 personas consideradas colaboradoras ocasionales de pandillas. Según sus estimaciones, cerca de 5.000 podrían acceder a beneficios penitenciarios condicionales, sujetos a una evaluación individual. El mandatario aclaró que la medida no está dirigida a integrantes activos de las pandillas y que las personas beneficiadas permanecerían sujetas a condiciones de control.
La política salvadoreña ha sido reconocida por la reducción de los homicidios, pero también enfrenta cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por presuntas detenciones arbitrarias, abusos y muertes bajo custodia estatal. Estas denuncias han reavivado el debate sobre las garantías judiciales y las condiciones de encarcelamiento durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
En la región, Ecuador ya cuenta con la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, inspirada en el modelo penitenciario salvadoreño, mientras que Costa Rica inauguró un centro de alta contención para más de 5.000 internos. En Colombia, Perú y Brasil, dirigentes políticos también han planteado medidas similares, entre ellas la construcción de megacárceles y el endurecimiento de las políticas contra el crimen organizado.
La expansión de este modelo mantiene abierto el debate sobre su efectividad fuera de El Salvador. Mientras sus defensores destacan el control territorial y la reducción de determinados delitos, sus críticos advierten que los resultados dependen de las condiciones de cada país y de que las medidas de seguridad respeten las garantías judiciales y los derechos fundamentales.
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