El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, se pronunció sobre la detención de Luisa González y los avances de la investigación del caso Laberinto. El funcionario señaló posibles conexiones entre el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023, empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y recursos que podrían proceder de actividades ilícitas.
Neira explicó que uno de los principales puntos de la investigación es establecer el origen y destino de aproximadamente USD 500.000 que habrían sido utilizados para cubrir gastos electorales. Según la hipótesis investigada, parte de esos recursos habría ingresado en efectivo y no habría sido reportada de manera transparente ante las autoridades electorales.
El funcionario también mencionó mensajes atribuidos a un cooperador de la investigación y a un contacto identificado como Aquiles Álvarez. En esas conversaciones se habrían discutido montos para financiar actividades de campaña, incluidos pagos a brigadistas y materiales promocionales. Estos elementos forman parte de las evidencias que buscan esclarecer la posible participación de personas y empresas en el movimiento de dinero.
Además, Neira aludió a posibles vínculos con estructuras de narcotráfico y otras actividades ilícitas. Sin embargo, estas referencias corresponden a hipótesis y señalamientos expuestos en el contexto de la investigación; no constituyen por sí mismas una sentencia ni prueban la responsabilidad de las personas mencionadas.
El caso Laberinto es investigado por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de lavado de activos. Las autoridades buscan determinar de dónde provinieron los fondos, quiénes intervinieron en su circulación y cuál habría sido su destino. Los investigados mantienen su derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
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