La Asamblea Nacional aprobó el martes 27 de octubre un informe de fiscalización que identifica 95 expedientes con alertas por posibles incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos de Ecuador. La resolución recibió 83 votos a favor y dispone remitir la documentación a las instituciones de control para que determinen si corresponde iniciar investigaciones.
Del total de expedientes observados, 41 fueron clasificados en alerta roja y 54 en alerta naranja, debido a inconsistencias que requieren una revisión prioritaria. Según el informe, algunos casos presentan variaciones patrimoniales que no serían compatibles con los ingresos salariales de los funcionarios, además de posibles irregularidades tributarias o investigaciones previas.
El documento fue elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, que recopiló información de 46 entidades públicas, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Para clasificar los casos, se aplicó un sistema de alertas que también contempla categorías verde y sin alerta, destinadas a expedientes que requieren seguimiento preventivo o verificación adicional.
Entre las recomendaciones aprobadas consta remitir los expedientes a la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Contraloría, para que actúen dentro de sus competencias. También se solicita al SRI revisar posibles inconsistencias tributarias. Las instituciones deberán informar a la Asamblea sobre el inicio y avance de sus actuaciones en un plazo de 15 días.
Los nombres de las 95 autoridades no serán divulgados públicamente en el informe, sino que los expedientes se identificarán mediante códigos para proteger la información y evitar posibles afectaciones al debido proceso. La clasificación de riesgo no demuestra por sí sola la existencia de un delito ni determina responsabilidades; esas conclusiones corresponden a las autoridades competentes.
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